Tras la polémica generada por el incremento del salario de los congresistas, varios sectores han hablado de proponer de nuevo una reforma para congelar la remuneración de los legisladores.
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Incluso, el exministro Juan Fernando Cristo le envió una carta al presidente Iván Duque en la cual le plantea que luego de un exhaustivo análisis de las normas, es evidente que sí hay cómo reducir el salario de los congresistas sin necesidad de una reforma constitucional.
De acuerdo con el exministro, las normas señalan que los gastos de representación, de localización, vivienda y transporte de los congresistas los fija el Gobierno Nacional, de conformidad con “circunstancias que los justifiquen”, y no de modo automático.
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Es un hecho que la mayoría de los congresistas no están sesionando desde Bogotá, sino que lo hacen de manera virtual desde sus ciudades de origen. Es decir, según Cristo, no están incurriendo en los gastos que implican dichos desplazamientos a la capital del país. Es decir, para Cristo, se les podría recortar esta prima especial.
No obstante, algunos parlamentarios ya tienen listo un documento que han elaborado durante los primeros días de este año con todo un arsenal no solo jurídico sino con antecedentes históricos y argumentos económicos sobre por qué el Presidente de la República no puede reducir o congelar la remuneración de los congresistas y otros altos funcionarios del Estado, sino que se debe recurrir necesariamente a una reforma constitucional. El compilado, conocido por EL TIEMPO, contiene más de diez sentencias de la Corte Constitucional en las que se asegura que, en el caso de los funcionarios públicos, “es deber del Estado conservar no solo el poder adquisitivo del salario, sino asegurar su incremento”.
Es deber del Estado conservar no solo el poder adquisitivo del salario, sino asegurar su incremento
Una de las razones que han puesto sobre la mesa varios sectores para buscar bajar el salario de los altos funcionarios del Estado (congresistas, ministros, magistrados, entre otros) es la difícil situación económica en la que se encuentra el país. Sin embargo, el documento que es objeto de análisis en el parlamento indica que, a la luz de las sentencias de la Corte Constitucional, este argumento no es válido.
“No es argumento suficiente para desconocer el ajuste del salario a los servidores públicos la situación fiscal del país, pues esta requiere de un manejo ajustado a los ordenamientos constitucionales y de estos surge, con claridad meridiana, el deber constitucional para el Gobierno de conservar el valor real del salario, haciendo como lo determine la ley, los ajustes periódicos por inflación, así como los incrementos adicionales que se justifiquen, atendiendo los diferentes factores de orden político, social y económico”, dice el documento .
Antecedentes
De hecho, el texto que alistan los parlamentarios recuerda que, como ya lo había dicho EL TIEMPO hace algunas semanas, en el año 2000 la Corte tumbó una parte de la ley que fijaba el presupuesto de la nación porque solo había permitido el aumento de sueldos para funcionarios que ganaran hasta dos salarios mínimos. Según la Corte, cada año se debe subir el salario de todos los funcionarios públicos, sin diferenciaciones discriminatorias.
“Si, como lo ha expresado la Corte, no es admisible que se congelen los salarios dejando de hacerse incrementos periódicos que permitan asumir el deterioro de los ingresos, menos resulta aceptable que se niegue a un gran sector de trabajadores del Estado el ajuste de sus asignaciones para que al menos conserven su valor real”, manifiesta el documento.
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El texto recuerda, además, lo ocurrido en 2013, cuando el Consejo de Estado tumbó una prima de localización y vivienda que tenían los congresistas en esa época, por lo que perdieron una muy buena parte de su salario.
Pero el gobierno de la época tuvo que crear una prima especial de servicios, debido a que sin esa porción de su salario, los congresistas quedaban ganando menos que otros altos funcionarios del Estado, lo cual a la luz de las normas es inconstitucional.
Lo anterior se debe a que “la remuneración de los miembros del Congreso es la base para fijar la remuneración de varios servidores públicos, como los magistrados de las altas cortes, del Fiscal General de la Nación, del Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República y otros altos cargos, y estos, a su vez, determinan la remuneración de otros servidores públicos, como magistrados de tribunal, jueces y fiscales del país, así como procuradores judiciales, entre otros”.
De esta manera, según la argumentación que tienen lista algunos congresistas, la única forma de que haya una modificación en el cálculo de la remuneración de los legisladores es mediante una reforma constitucional.
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