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La Mesa del Congreso, como adelantó ABC la semana pasada, analizará mañana -la convocatoria se aplazó un día por el temporal Filomena– el escrito del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que el órgano de gobierno de los jueces reclama ser escuchado ante cualquier eventual reforma que le ataña. El PP, además, reclama que la Cámara Baja recabe sendos informes del CGPJ y de la Comisión de Venecia con su parecer sobre la proposición de ley registrada por el PSOE y por Unidas Podemos; a su juicio, «un nuevo ataque al Poder Judicial en la deriva autoritaria del Gobierno».
Este diario ha tenido acceso a un escrito remitido a la Mesa por la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, en el que se solicita a la Cámara Baja la petición de informes sobre la viabilidad de la reforma propuesta por los partidos del Gobierno para comprobar si el texto «está en línea» con las exigencias de la Unión Europea (UE) sobre el cumplimiento del Estado de derecho. La reforma planteada por el PSOE y por Podemos pretende que un CGPJ en funciones no pueda realizar nombramientos.
Algo que, al igual que su anterior proposición de ley para rebajar la mayoría reforzada en la renovación del órgano -ahora guardada en la recámara-, ha suscitado dudas al Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que ya avisó de que la pretendida modificación puede «violar las normas anticorrupción».
Los populares recuerdan además que los socios de coalición esquivaron los preceptivos informes del Consejo de Estado y del CGPJ optando por una proposición de ley en lugar de un proyecto de ley emanado directamente desde el Ejecutivo. Ahora, quieren revertir «esa maniobra».
«En sentido contrario» a la Constitución
Una decisión, «legítima», subraya el PP en su escrito, «pero insólita dada la trascendencia del asunto». Los populares, asediados durante meses por la presión gubernamental para renovar el CGPJ, cuyo mandato caducó hace dos años, no se apean de su posición y señalan que la reforma impulsada por los partidos del Gobierno – para cuya tramitación sí se ha habilitado el Congreso en enero– es «manifiestamente inconstitucional» y va «en sentido contrario» al artículo 122 de la Constitución. Para negociar la renovación del CGPJ, insisten desde el PP, Podemos no puede estar en la ecuación.
El PP alerta de que la intención del Ejecutivo es establecer un órgano de gobierno de los jueces «ideológico» en vez de uno «profesional e independiente». A continuación, recuerda los avisos ya recibidos desde Europa y desde asociaciones de jueces y fiscales, y subraya que ya el propio CGPJ, el pasado 17 de diciembre, reclamó ser escuchado por el Congreso ante cualquier eventual cambio legislativo que le afecte. Los populares invocan el artículo 561.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que se solicite un informe al CGPJ de la proposición de ley sobre la mesa.
Asimismo, Gamarra recoge en el escrito de la Mesa que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE demanda que toda iniciativa legislativa que «delimite los aspectos esenciales del estatuto o a las funciones de los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial» debe tramitarse «dando audiencia a los sectores implicados». Lo que incumbe, en este caso, tanto al CGPJ como a la Comisión de Venecia, en lo tocante al cumplimiento del Estado de derecho en Europa, recogido en el artículo 2 del Tratado de la UE.
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