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El grupo del PP en la Diputación de Alicante ha denunciado ante la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana las «posibles irregularidades» que el asesor Compromís en la Diputación, Ximo Perles, puede haber cometido por el «uso indebido de los recursos públicos y que podrían haber infringido la normativa vigente». En concreto, ha utilizado su despacho en el Palacio Provincial como dirección profesional para su actividad como abogado privado.
El escrito presentado por el portavoz del grupo popular, Eduardo Dolón, describe los hechos que «podrían ser constitutivos de infracción de conformidad con lo preceptuado en la Ley 11/2016 de la Generalitat Valenciana».
Por ello, pide que se abra un procedimiento a Perles y que se diriman las responsabilidades por posible infracción y las sanciones que corresponda. Su pretensión es que “se fiscalice desde este organismo que dice estar para cumplir la legalidad y garantizar la ética de las instituciones públicas: no solo estamos ante un caso en el que como mínimo se habrían saltado los principios éticos, sino también la normativa vigente”, ha abundado Dolón.
Así, la denuncia precisa que el asesor ejerce como coordinador del grupo de Compromís en calidad de personal eventual a jornada completa con un sueldo de casi 55.000 euros anuales brutos desde el 9 de agosto de 2019, está dado de alta como letrado ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante (ICALI) estableciendo como domicilio profesional su despacho en la Diputación de Alicante, “un hecho de dudosa responsabilidad que podría ser sancionado”. Tras difundirse su caso, Perles aseguró hace unos días que contaba con un permiso de la institución provincial, si bien desde el PP solicitaron una comprobación en el Registro interno y se certificó que no había ninguna petición en la actual legislatura, tampoco de compatibilidad para ejercer como abogado en el sector privado.
El escrito de denuncia del PP alega que hace “uso de un bien inmueble de dominio público como es el Palacio Provincial como despacho profesional para una actividad privativa y por tanto para sus intereses particulares”.
Para ayuntamientos
También, que pese a ser personal eventual a jornada completa ha estado ejerciendo como abogado de manera ordinaria sin haber solicitado la preceptiva compatibilidad en diversos casos judiciales, donde ha firmado como letrado representando, entre otros, Ayuntamiento de Xaló.
La denuncia presenta un listado de las actuaciones judiciales en las que Perles ha trabajado como abogado de forma particular acompañándose el escrito de toda la documentación acreditativa y recalcando que todo ello sin perjuicio de que pudieran existir otras actuaciones judiciales en las que haya tenido participación.
El escrito presentado ante la Agencia Antifraude recuerda que el ejercicio de actividades profesionales laborales mercantiles o industriales fuera de las administraciones públicas requerirá el previo reconocimiento de la compatibilidad, por lo que Perles estaría incurriendo en una infracción tipificada en la Ley 53/1984 en relación al Estatuto Básico del Empleado Público. Además, la conducta del asesor de Gerard Fullana estaría vulnerando el Estatuto General de la Abogacía.
La actividad de Perles tampoco fue comunicada al Ayuntamiento de Calpe, donde es concejal, tal y como resulta de su declaración de actividades y bienes publicada por este consistorio, donde solamente consta su actividad como administrador, sin referencia alguna a su labor como abogado ejerciente, según el PP.
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