El Gobierno Nacional reveló en su último informe que en 2020 fueron asesinados 66 líderes sociales y defensores de derechos humanos, y que otros 63 casos se encuentran en proceso de verificación, en hechos ocurridos principalmente en los municipios donde se registra el mayor accionar criminal de los grupos armados ilegales.
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Según datos de la Fiscalía General de la Nación y la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), las víctimas se presentaron en 48 municipios, lo que equivale al 4,2% del total de los 1.122 municipios, y los departamentos con mayores afectaciones son Cauca, Norte de Santander, Chocó y Putumayo, “territorios en donde se presenta la disputa entre grupos dedicados al narcotráfico y a la explotación ilícita de minerales”, advierte el Gobierno.
Al respecto, la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy
Patricia Gutiérrez, aseguró que “a pesar de la pandemia del covid-19, se ha fortalecido el trabajo, de manera particular con las juntas de acción comunal, pues en un universo de alrededor de 7,5 millones de personas afiliadas, de las cuales el 60% está en las zonas rurales, es la tipología de liderazgo, más afectada”.
Asimismo, señaló que en cuanto a la protección de líderes sociales, comunales y defensores de DD. HH., “las acciones se adelantan de manera integral”.
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De un lado, el desmantelamiento de grupos armados organizados (GAO) y de grupos delincuenciales organizados (GDO), como residuales de Farc, Eln, Clan del Golfo, Pelusos; con persecución de la Fuerza Pública, investigaciones penales, imputaciones y órdenes de captura, al tiempo que se refuerza la presencia institucional con programas de inversión social y articulación entre todas las entidades nacionales y entidades territoriales.
Gutiérrez reiteró el compromiso del presidente Iván Duque en el fortalecimiento de las estrategias de protección individual de los líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos, que “a través de la Unidad Nacional de Protección cobija a 3.768 líderes y defensores con medidas especiales, que constituye el 50 por ciento del total de protegidos”.
Para la Consejera Presidencial Nancy Patricia Gutiérrez, el avance en el esclarecimiento de homicidios y la aplicación de justicia, así como el desmantelamiento de las estructuras criminales tiene un efecto de no repetición y se convierte en la garantía para el ejercicio del liderazgo y de defensa de los DD. HH.
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Recordó que, de los 31 delincuentes relacionados en la lista del ‘Cartel de los más buscados por homicidios a líderes y defensores de derechos humanos’, creada por el Ministerio de Defensa, el año pasado fueron abatidos 3 criminales y capturados otros 14, logrando una efectividad del 54,8%.
Finalmente, la Consejera señaló en 2020 hubo una reducción de los homicidios en 4,4 % y el logro de la tasa de homicidios más baja de los últimos 46 años (23,8 por cada 100.000 habitantes). También destacó que en 326 de los 1.122 municipios del país (29 %) no hubo homicidios durante el 2020.
Familiares y amigos de víctimas de líderes sociales asesinados y de la masacre de Llano Verde, marcharon en busca de justicia y verdad.
Cifras difieren
La cifra entregada por el Gobierno dista de las entregadas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). En total la Ong reportó 310 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos asesinados el año pasado.
Asimismo, hace unos días la defensoría del Pueblo reveló que 753 líderes sociales fueron asesinados entre 2016 y 2020.
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Específicamente para el año 2020 advirtió que hubo 182 homicidios en 103 municipios de Colombia. Según la investigación, el 50% de los casos se concentró en los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó, correspondientes a la región Pacífica, como también en el departamento de Antioquia, siendo así estas cuatro zonas donde más se ha recrudecido la violencia contra líderes en los últimos años.
El informe señala que “durante el año 2020, la entidad registró 979 conductas vulneradoras en contra de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, que corresponden a 607 amenazas, 182 homicidios, siete secuestros, 51 atentados, cinco retenciones arbitrarias, 13 desplazamientos, dos desapariciones forzadas, dos imposiciones de normas de conducta y 22 casos de otro tipo de hechos violentos”.
El pasado 3 de febrero el presidente Iván Duque junto con la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, anunciaron la unificación de la información relacionada con los crímenes de líderes sociales en Colombia.
Gobierno responde a diferencia en cifras
El Gobierno señaló que la ONU y la Defensoría del pueblo son las entidades que monitorean los posibles homicidios de líderes sociales y defensores de DD. HH. en el país. No obstante, las cifras son diferentes por la metodología que utilizan.
La ONU recibe información de diversas fuentes sobre posibles homicidios a esta población. “Usando metodología internacional, en actividad de campo y en tiempo real, verifica la condición de líder y si posiblemente fue víctima en razón al ejercicio”. Y este reporte es enviado a la Fiscalía.
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Por su parte, la Defensoría del Pueblo “establece que una vez conoce un homicidio de un líder, verifica la información en territorio, con metodología distinta la de Naciones Unidas, a fin de determinar la condición de defensor de DD. HH.”. Luego remite la información a la Fiscalía para que investigue y establezca si la víctima fue asesinada en razón de la labor.
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