Madrid
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La evaluación que el Ayuntamiento de Madrid hace en este momento del estado de la ciudad tras la gran nevada es extensible a los grandes municipios de la región, que también manejan la posibilidad de pedir la declaración de zona catastrófica. Alcaldes del PSOE de diferentes localidades de la Comunidad estudian recurrir a esta herramienta y otros han decidido ya que es la fórmula idónea para hacer frente a los daños ocasionados, en claro contraste con la postura que ha tomado hasta la fecha el Gobierno de Pedro Sánchez, reacio a comprometer ayudas tras el paso de Filomena.
Fuenlabrada (194.514 habitantes) es el primero de los grandes ayuntamientos que pedirá formalmente esta catalogación. Fuentes municipales han detallado a ABC que será este mismo jueves cuando el Pleno eleve la solicitud. En su caso, la cuarta ciudad más poblada de Madrid, no ha hecho falta siquiera contar con un balance de daños pormenorizado. Desde el equipo de Gobierno del socialista Javier Ayala señalan ya la magnitud del temporal en el arbolado, las infraestructuras –cubiertas de edificios municipales o colegios–, la pérdida de cosechas, viviendas o vehículos, entre otros.
Su posición no es una excepción. La misma decisión han tomado en Alcalá de Henares (195.649) y Alcobendas (118.417), también bajo control del PSOE. En el caso de la ciudad complutense, dirigida por Javier Rodríguez Palacios, se trabaja en una moción conjunta con el resto de grupos políticos para trasladarlo y para pedir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que ejerza sus competencias. En Alcobendas, Rafael Sánchez Acera ha manifestado que contactará con Isabel Díaz Ayuso para reclamar la ayuda.
La presidenta regional, precisamente, ha reiterado desde el pasado domingo que el Gobierno autonómico está a disposición de todos los ayuntamientos para ayudar en la tramitación de la declaración de zona catastrófica. La oferta de Ayuso fue una reacción a la negativa inicial del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el planteamiento de José Luis Martínez-Almeida. Marlaska aseguró que no se daban las condiciones. «No hay daños importantes ni a bienes públicos ni privados», declaró. Dos días después, la propuesta sigue en el aire y pendiente de la evaluación final.
La declaración de zona catastrófica es imprescindible para recuperar muchas localidades que están muy afectadas.
Apoyaremos a cualquier alcalde, de cualquier municipio y de cualquier signo político que lo solicite.@ComunidadMadrid está con ellos.#PlanInclemenciasCM
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 12, 2021
El equipo de Martínez-Almeida no ocultó su «sorpresa» ante el prematuro veredicto del ministro, especialmente porque aún no se ha presentado la declaración. Para el Ayuntamiento de la capital sí se dan los requisitos, aunque continúa con balance de la situación, que según los primeros indicios asciende a un coste de 25 millones de euros solo en edificios. En el mismo punto están otros grandes municipios gestionados por el PSOE, como Leganés (191.114) o Alcorcón (172.384). Lo que sí es común a todos los consistorios socialistas es la crítica a la Comunidad de Madrid por no haberles prestado todo la asistencia necesaria durante los peores días de la nevada, con cargamentos de sal y maquinaria. «Como alcalde de Alcalá apoyo toda iniciativa útil. Pero desde viernes ni un solo apoyo», publicó en Twitter Rodríguez Palacios, en respuesta a la oferta de Díaz Ayuso de asistir a los alcaldes.
Municipios del PP
En las localidades del PP la situación es similar y se debaten entre solicitarlo de forma inmediata o esperar hasta tener las conclusiones del análisis de la ciudades. Dos ejemplos son Majadahonda (72.155) y Las Rozas (95.814), vecinos pero con posiciones desiguales. Mientras que en el caso majariego ya han informado de que pedirán la declaración de zona catastrófica, en el segundo prefieren esperar. «En este momento todos los recursos municipales se están centrando en limpiar las calles y hacer transitables las vías del pueblo lo antes posible para poder hacer esa evaluación de daños que seguramente serán numerosos. Hasta que el municipio no recobre la actividad normal y se puede valorar cuál es el alcance real de los desperfectos no se tomará la decisión», explican.
